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Boletín de noticias 26 de abril de 2012
EL TIEMPO
CORTE CONSTITUCIONAL AVALA NUEVO MODELO PARA EL ASEO EN BOGOTÁ
Los recicladores se encargarán del nuevo servicio de recolección de residuos aprovechables.
La Corte Constitucional dio luz verde el miércoles al nuevo modelo de aseo que planteó la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp) para Bogotá, que crea un servicio exclusivo para la recolección de los residuos reciclables y lo separa de la operación de recolección de las basuras orgánicas.
En adelante, con el fallo del alto tribunal que será dado a conocer este jueves, los recicladores serán los únicos que se encargarán de cubrir las rutas, la recolección, el transporte y el aprovechamiento de los residuos reciclables en la ciudad. Mientras que las basuras ordinarias serán recogidas por empresas y, para tal efecto, la Uaesp abrirá la correspondiente licitación.
El esquema que el director de la Uaesp, Guillermo Asprilla, le presentó a la Corte apunta a la 'basura cero', es decir, a que en la ciudad se aproveche el ciento por ciento de los residuos reciclables y estos no lleguen al relleno Doña Juana.
El trabajo de reciclaje lo harían más de 7.000 personas y se financiaría con un porcentaje de la tarifa del aseo que pagan los usuarios y con el producto de la venta del material reciclado.
La población recicladora que trabaja en las calles entrarán a ser formales, con la vinculación a 60 centros de acopio, donde harán la selección, clasificación, embalaje y aprovechamiento de los reutilizables. Cada centro contaría con un promedio de 200 recicladores. El Distrito buscará la forma de financiarles a las organizaciones de recicladores una flota mecanizada para cumplir esa labor.
El plan contempla también la implementación de seis parques de reciclaje, que no estarían ubicados en zonas residenciales sino industriales, según dijo Asprilla.
Para lograr la meta de que haya ciento por ciento de separación de residuos en la fuente, el Distrito capacitará a 20.000 estudiantes de los grados 10 y 11 de los colegios públicos y privados, a más de 2.000 recicladores y visitará 316 jardines infantiles.
FISCALÍA ANUNCIA PLAN PARA INVESTIGAR ATAQUES A DEFENSORES DE DD. HH.
Eduardo Montealegre dijo que se activará una unidad para investigar los casos.
El Fiscal General Eduardo Montealegre dijo que se activará una unidad para investigar los casos de ataques a organizaciones dedicadas a la protección de los derechos fundamentales
Montealegre, sostuvo que se reunión con delegados de esas organizaciones para anunciarles la nueva estrategia de la Fiscalía frente a los casos en los que hay comprometidos delitos de lesa humanidad.
"Queremos enviar un mensaje a los funcionarios de la Fiscalía para que valoren el trabajo de las organizaciones sociales que juegan un papel fundamental en la democracia", dijo el Fiscal.
Agregó que esos grupos encontrarán en la Fiscalía una entidad dispuesta a colaborar en sus investigaciones y valorar sus informes.
"Vamos a fortalecer los mecanismos de investigación de las amenazas a las Ong, vamos a formar un equipo de 50 expertos en Policía judicial que se ocupen de esos casos", indicó.
EL ESPECTADOR
DISCUSIÓN SOBRE ADOPCIÓN DE PAREJAS HOMOSEXUALES ENTRA EN SU RECTA FINAL
La ponencia avalaría la tutela presentada por una pareja conformada por dos mujeres que quieren adoptar.
En la tarde de este jueves, la Sala Plena de la Corte Constitucional se reunirá a estudiar la tutela que busca legalizar la adopción de hijos por parejas del mismo sexo.
El alto tribunal estudiará la tutela interpuesta por una pareja conformada por dos mujeres que busca la adopción de la hija biológica de una de ellas, la cual fue negada por el Bienestar Familiar al comprobar su condición sexual.
En la Sala Plena, que estará conformada en esta oportunidad por nueve magistrados, se estudiará la ponencia presentada por el expresidente del alto tribunal, Juan Caros Henao en la cual se considera que la adopción es viable.
En dicha ponencia se buscaría incorporar otras 26 tutelas similares a la presentada por dos mujeres que buscan que la ley les reconozca el derecho de adoptar.
Según la posición argumentativa presentada por el magistrado Henao, en este caso la adopción sería un beneficio para la menor de edad, considerando que se protege el derecho fundamental a tener una familia.
En este sentido confirma el fallo del Tribunal Administrativo de Antioquia que ordenó al Bienestar Familiar tramitar la adopción.
Para el magistrado se debe tener en cuenta el cambio que ha sufrido la adopción en los últimos años en nuestro país, como lo es el hecho de que parejas en unión libre puedan adoptar, así como la entrega de niños a una sola persona (hombres o mujeres cabeza de familia).
Y es que en este trascendental punto se menciona el hecho de que en estos casos se han protegido y velado por los derechos de los menores de edad, comprobando que han salido adelante gracias al apoyo de sus nuevos padres.
Hasta el momento se conoce que hay tres magistrados en abierta oposición a la adopción, otros tres convencidos de conceder el beneficios y dos indecisos.
Lo cierto es que la discusión al interior de la Corte está orientada a establecer si en este caso sólo se le ordena al Bienestar Familiar darle el trámite a la solicitud de las dos mujeres que pretenden adoptar o si hay un pronunciamiento de fondo sobre el tema concediendo el beneficio.
El proceso
La acción judicial fue instaurada a finales de 2009 por dos mujeres, una colombiana y una alemana, que conviven hace cinco años en la ciudad de Medellín.
Una de ellas tiene una hija biológica y busca que junto a su compañera puedan adoptarla, lo que implícitamente llevaría a la ampliación del concepto de familia.
Sobre este tema la Procuraduría General y la Iglesia han presentado serias críticas y cuestionamientos al considerar que solamente las familias conformadas por hombre y mujer pueden acceder
La Corte Constitucional ha reconocido derechos a parejas del mismo sexo, como el que se puedan afiliar a los sistemas de salud y pensiones de sobreviviente, así como uniones civiles, entre otros.
SECRETO PROFESIONAL DEBERÁ OMITIRSE PARA EVITAR FUTUROS DELITOS
La Corte Constitucional consideró que en este caso no estaría incurriendo en ninguna falta disciplinaria.
La Sala Plena Corte Constitucional determinó que los abogados no están obligados a preservar el denominado secreto profesional siempre y cuando dicha situación esté relacionada con la posibilidad de evitar que sus clientes tengan la intención deliberada de llegar a incurrir en un delito con posterioridad a los cargos respecto a los cuales estuvieran siendo procesados.
En tal sentido, el alto tribunal encontró que es obligación de todo aquella persona que se dedique al ejercicio profesional del Derecho el poner en conocimiento de las autoridades competentes cualquier intención de atentar contra el sistema jurídico vigente.
Sobre el particular precisa el artículo 4 de la ley 1123 de 2007, que el jurista deberá obrar “para salvar un derecho propio o ajeno al cual deba ceder el cumplimiento del deber, en razón de la necesidad adecuación, proporcionalidad y racionalidad"; motivo por el cual serán las autoridades las encargadas de establecer la veracidad de la denuncia presentada, cuyo carácter es de obligatorio cumplimiento.
De tal manera que a partir de la notificación del nuevo concepto ninguna persona que ejerza la actividad del Derecho en Colombia podrá invocar el argumento del secreto profesional para salvaguardar cualquier actividad ilícita que planee adelantar su cliente en el futuro, so pena de ser encontrado como cómplice del delito que se pretendería ocultar por medio de este procedimiento.
CORTE APRUEBA NUEVO PLAN DE RECOLECCIÓN DE BASURAS EN BOGOTÁ
Se buscará incentivar el reciclaje en todos los hogares y empresas en la capital de la República.
La Corte Constitucional aprobó el nuevo plan de recolección de basuras presentado por la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp), la cual regirá los nuevos pliegos de condiciones para escoger al nuevo contratista para realizar el proceso de licitación que supera dos billones de pesos.
El alto tribual señaló que en los últimos meses se corrigieron los vicios que existían sobre el contrato, principalmente sobre la participación de los pequeños y medianos recicladores.
El proyecto incluye un plan para incentivar la reutilización de los residuos desde los hogares, separando los elementos orgánicos de los que no lo son y se pueden reciclar.
Con esta decisión la Corporación busca adelantar en los próximos 8 meses un proceso de capacitación con el fin de que el reciclaje sea obligatorio en todos los hogares y empresas con el fin de mejorar el ambiente y evitar acumulación inecesaria de basuras en los rellenos sanitarios.
En este sentido, el director de la Uaesp, Guillermo Asprilla le aseguró a Caracol Radio que "quien se niegue a cumplir esta obligación social y ecológica se le tendrá que imponer una multa e incluso, según la regulación que se establezca, se podría pensar en el cierre de un establecimiento comercial que se niegue a cumplir sus obligaciones ecológicas".
La recolección de los residuos no reciclables estará a cargo de las empresas ganadoras del proceso licitatorio, mientras que el material reutilizable será responsabilidad de empresas organizadas de recicladores que se cumplan con todos los requisitos exigidos.
El nuevo esquema de inclusión de la población recicladora incluye la creación de 60 empresas de reciclaje conformadas por 200 trabajadores.
Puntualmente, la Corte Constitucional declara que la Uaesp envió el esquema de participación a los recicladores en el término de lo exigido para cumplir con las obligaciones de la sentencia T-724 de 2003 y con los criterios fijados en el auto 268 de 2010.
Dichas decisiones piden a la Uaesp, o a la entidad del Distrito que haga sus veces, que siempre que se trate de contratación de servicios públicos de aseo incluya acciones afirmativas a favor de los recicladores de Bogotá.
Por lo tanto, el alto tribunal instó a la Unidad a continuar con el proceso licitatorio de recolección de basuras el cual será presentado por la Uaesp este jueves en rueda de prensa.
CONSEJO DE ESTADO DECIDIRÁ SOBRE DESCONTAMINACIÓN DEL RÍO BOGOTÁ
Del alto tribunal depende la construcción de una planta de tratamiento.
En manos del Consejo de Estado quedó la propuesta de la Administración Distrital que busca construir una planta de tratamiento no sólo para la descontaminación del río Bogotá sino también para reducir las tarifas de los usuarios.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante una medida cautelar dictada por la magistrada Nelly Villamizar, decidió mantener los 192.000 millones de pesos ofrecidos a través de regalías del Gobierno Nacional, para que estos recursos sean destinados a la construcción de una planta de tratamiento de las aguas del río Bogotá.
"Los 192 mil millones de pesos que iban destinados a una planta elevadora, que hubiera producido el pago en tarifas de los bogotanos por una cuantía superior a los 586 mil millones de pesos quedó salvado, pero no para ese tipo de proyecto, si el Consejo de Estado aprueba la opción presentada por la ciudad", manifestó el alcalde Gustavo Petro.
La propuesta del Distrito consiste en construir una planta de tratamiento en lugar de una elevadora de 46 metros, con esto los bogotanos podrían ahorrar más de 586 mil millones de pesos, además de impedir que aguas contaminadas lleguen a la represa del Muña.
"Es una solución que podría ser magnifica para Bogotá, para el medio ambiente y para el río Bogotá. Depende de la decisión final que tome el Consejo de Estado podemos reemplazar esa agua contaminada que lleva a la represa del Muña por aguas más limpias que se verterían desde el sistema del embalse del norte de Bogotá", indicó el mandatario capitalino.
Según Petro, de llegar a aprobarse el proyecto de la Administración “se disminuiría sustancialmente los costos de construcción y de operación, pues ya no se tendría que elevar el nivel del río 46 metros, sino que estaría a una profundidad mucho más manejable de 13 metros”.
La planta elevadora vale 367 mil millones de pesos y el costo para operarla anualmente es de 40 mil millones de pesos al año.
EL NUEVO SIGLO
LUPA DEL CONGRESO A DEFENSA DEL FUERO MILITAR
A dos semanas, o menos, de que el trámite de la Reforma a la Justicia Penal Militar llegue a la Comisión Primera del Senado, empieza a despertar la expectativa por el tratamiento y el debate que le darán para que supere el tercero de ocho debates que deberá completar.
A pesar de que al texto que fue aprobado en primer debate en la Comisión Primera de la Cámara no le hicieron ajustes relevantes, luego del segundo debate en la plenaria de la misma corporación hay algunos temas que preocupan a algunos congresistas. Sin embargo, el ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón ha reiterado que la intención del Ejecutivo es modernizar una legislación propia para el estamento militar, teniendo siempre en cuenta las garantías que ofrece la Constitución.
Para analizar
La alta votación con la que contó, 102 representantes a favor y solo 5 en contra, no es obligatoriamente un indicador de aceptación de todo el articulado del proyecto. Por ejemplo, el caldense del Partido de La U Hernán Giraldo explicó los que, a su juicio, son elementos que deben analizar en el debate del Senado.
En su concepto, las garantías para los militares se vienen desconociendo desde hace varios años; para él, los jueces, en muchos casos, desconocen la tarea que los uniformados realizan en las zonas de conflicto, los procesan y al final determinan que no hubo delito.
En ese sentido, Giraldo advierte que la Comisión Mixta podría generar confusiones en sus fallos, es decir, en algunos de los casos investigados la Comisión, conformada por oficiales en retiro y juristas, puede considerar que algún caso debe ir al Tribunal Militar, mientras que el Consejo Superior de la Judicatura podría sentenciar que la investigación debe ser adelantada por la Justicia Ordinaria, situación que provocaría “problemas jurídicos graves y no se resolvería nada”.
Otro tema para analizar será la figura técnica de la Defensoría Técnica, ya que de la forma como está redactada estaría en contravía de la Constitución, porque esta tarea es actualmente de la Defensoría del Pueblo.
Gloria Stella Díaz, representante del Partido MIRA, también presentó una proposición para que sea analizada y, de ser aprobada, incluida en el proyecto. Esta contempla la necesidad de crear una ‘Justicia Penal Militar Especializada’, una entidad externa al Ministerio de Defensa, y además que se cree un mecanismo especializado de elección de los miembros de ese tribunal.
Una de las preocupaciones que tenía el representante liberal Guillermo Rivera era que el proyecto dejaba los “falsos positivos” bajo la órbita de la Justicia Penal Militar, pero ya se aclaró que los delitos que serán de conocimiento exclusivo de la Justicia Ordinaria serán: crímenes de lesa humanidad, genocidio, desaparición forzada, tortura, ejecuciones extrajudiciales, desplazamiento forzado, violación y abusos sexuales, actos de terror contra la población civil y reclutamiento o uso de menores.
Salvo los anteriores, las infracciones que los uniformados cometan al Derecho Internacional Humanitario serán conocidas exclusivamente por las Cortes Marciales o Tribunales Militares.
El artículo
El retiro del artículo 12 de la Reforma a la Justicia, que estaba relacionado con el fuero militar, fue un hecho gratificante para algunos de los miembros de la Comisión Primera del Senado. El conservador Óscar Fernando Bravo dijo que “eso me parece que fue un primer logro, que ante la aprobación en segundo debate de la plenaria de la Cámara del proyecto de fuero militar mucho más estructural que el que venía de la Reforma a la Justicia pues quedó un solo proyecto, me parece que eso permite lograr un proyecto más acorde con lo que las fuerzas militares necesitan”.
A pesar de que los Partidos que más defendían la continuidad del artículo 12 en la Reforma a la Justicia eran La U y el Conservador, el senador de La U Carlos Enrique Soto dijo que está a la expectativa de lo que el proyecto le pueda brindar a las Fuerzas Militares del país. “Estamos a la expectativa porque nosotros seguimos defendiendo el fuero militar como lo hemos venido defendiendo. El Partido de La U cree en el crecimiento y fortalecimiento de las Fuerzas Armadas, en cuanto al crecimiento, a la responsabilidad a al tarea a desarrollar”.
Soto agregó que la colectividad nunca ha visto con malos ojos el proyecto, sino que hay que ajustarlo hasta donde sea necesario.
“Nunca hemos dicho que no lo vemos con buenos ojos, lo que decimos es que debemos complementarlo, lo que decimos es que lo uno es complemento de lo otro, lo que estamos diciendo es que debemos ajustarlo para que quede como debe ser, aquí no estamos midiendo pulsos, estamos tratando de sacar normas responsables”.
Los puntos clave
* Se crea un fuero carcelario para militares, con el fin de que ellos no terminen detenidos con delincuentes comunes.
* A través de una Ley Estatutaria se creará un Tribunal de Garantías que busca, a través de una composición equilibrada entre miembros de la Fuerza Pública y miembros de la población civil, proteger los derechos de los uniformados.
* Se crea una Defensoría Técnica Militar, adscrita al Ministerio de Defensa. También se crea un fondo para alimentar económicamente la misma Defensoría.
* Por Ley ordinaria se crearán juzgados y tribunales penales policiales y se adoptaría un Código Penal Policial, idóneo para estos procesos.
SECRETARIOS DE EDUCACIÓN HARÍAN PARTE DEL CARTEL PENSIONAL
Así lo señaló el presidente de la comisión séptima, el senador Antonio Correa, quien sostuvo que hasta con el ‘beneplácito’ de algunos secretarios de educación departamental del nivel central se han pagado irregularmente pensiones a maestros que ya están muertos y que nunca dieron poder a abogados, al menos así sucedió en Córdoba.
Correa se refirió al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio porque según él no es claro cuál ha sido la defensa que ha tenido a favor del Estado para evitar que a través de embargos se presionen esos pagos.
El senador habló de un cartel que se formó para hacer cobros desmedidos y para saquear las finanzas del Estado. “Cogieron a maestros que no estaban contemplados en la normatividad para esos desembolsos, se hizo el procedimiento de manera irregular y por eso se da el desangre”.
La denuncia fue hecha el pasado 23 de abril por el Gobierno Nacional, a través de la ministra de Educación, María Fernanda Campo.
S egún Campo “un cartel de abogados en Córdoba pretendía apropiarse de más de 450 mil millones de pesos” mediante la adquisición de poderes que les permitieran realizar las demandas al Estado.
DESCONTARÁN A EPS SERVICIOS QUE NIEGUEN
Las EPS que nieguen servicios a los pacientes se les descontará ese dinero de las facturas que presenten, afirmó la ministra de Salud y Protección Social, Beatriz Londoño Soto.
“Hemos tomado la decisión, en discusión con los señores viceministros, que si las EPS hacen negaciones injustificadas de intervenciones o medicamentos, que inequívocamente estén en el POS, será descontado en el proceso de compensación correspondiente, tanto en el régimen contributivo como en el subsidiado” explicó la Ministra.
Londoño Soto dijo que “el paciente reportará a la Superintendencia Nacional de Salud y el seguimiento lo hará el Ministerio y si efectivamente fue negado el servicio se procederá”.
La Ministra aseguró que este procedimiento busca que las EPS cumplan con lo que está estipulado, que es la garantía de la prestación de los servicios y de la entrega oportuna de los medicamentos que están contemplados en el POS.
“Es que los pacientes siempre que les niegan algún servicio deben ir a tutela o simplemente renuncian a tener algo que está dentro del POS. El POS es exigible y debe cumplirse y en ese sentido cada vez seremos más rigurosos para que, por parte de la Supersalud, del Ministerio y de la mismas EPS, esto se dé con cabal cumplimiento, para favorecer la situación de salud de los pacientes” resaltó la Ministra de Salud.
Londoño Soto explicó que ha habido un aumento en las quejas a la Supersalud por negación de servicios, pero que más allá de eso este es un tema de pedagogía para profundizar en lo que son las nuevas inclusiones en el plan de beneficios.
Según la titular de la cartera de Salud, está decisión es muy importante en el tema de garantías, porque se disminuirá la negación de servicios por parte de las EPS.
OPERARÍA LEY DE CUOTAS PARA LOS AFROCOLOMBIANOS
Tras la radicación ayer en la Secretaría del Senado de un proyecto de ley de cuotas para los afrodescendientes, por parte del Movimiento Independiente de Renovación Absoluta (MIRA), el Congreso ratificó su ofensiva a favor de esta población.
El año anterior el Legislativo aprobó una ley que penaliza la discriminación por motivos de nacionalidad, sexo, orientación sexual y raza, que en este último caso afecta especialmente a la población afrocolombiana.
Igualmente en esta legislatura el senador Hernán Andrade (Partido Conservador) presentó una iniciativa de reforma constitucional para garantizar en el Senado dos curules a las negritudes, como hoy gozan los indígenas.
Esta ofensiva legislativa ha sido justificada por sus promotores por la desigualdad que en su concepto hoy sufre esta población en materia de representación política y en los cargos del Estado en los ámbitos nacional y regional.
Igualmente la población afrocolombiana es una de las más afectadas por la pobreza y se encuentra asentada principalmente en regiones que están a la zaga en materia de desarrollo económico y de infraestructura de servicios públicos, salud y educación.
En cuanto al proyecto de ley de cuotas a favor de los afrodescendientes que, como se dijo anteriormente, es el segundo en materia racial que presenta el MIRA en la actual legislatura, “reglamenta la adecuada y efectiva participación de la población negra afrocolombiana en los niveles decisorios de las diferentes Ramas y órganos del Poder Público, de conformidad con los artículos 13 y 40 de la Constitución Nacional”.
El presidente de la organización política, el senador Carlos Alberto Baena, explicó que esta ley de cuotas operaría “dándole una participación porcentual a la población afrodescendiente de un 20 por ciento en los cargos de nivel decisorio de las diferentes Ramas del Poder Público, particularmente en el Ejecutivo, a nivel de ministerios, en el judicial, nivel de Cortes y también en los cargos administrativos o Rama Legislativa”.
Igualmente, la ley de cuotas para afrocolombianos operaría en la estructura estatal departamental, municipal y distrital en “los niveles decisorios”, destacó Baena.
El congresista añadió que es necesaria una ley de esta naturaleza por un “sentido de justicia y equidad, porque el país cuenta con una población de 10 millones de afrocolombianos, que representan un 20 por ciento de la población colombiana, y que al día de hoy no tienen representación política en el Gobierno Nacional”.
Por ejemplo, explicó, “en ningún ministerio hay un afrocolombiano, en ningún departamento administrativo, en ninguna consejería presidencial, en ninguna de las altas Cortes”.
El Presidente del MIRA dijo que “solo existe un programa presidencial”, el de Asuntos Afrocolombianos, “que está siendo manejado por Óscar Gamboa, que es afrocolombiano, pero no tiene capacidad política para manejar inversiones ni para manejar políticas en materia económica o social”.
Polémica
Las leyes de cuotas han sido motivo de permanente polémica porque hay quienes consideran que, a pesar de lo loables que pueden resultar sus propósitos, favorecen solo un sector de la población.
Sin embargo ya son varias las normas con las que cuenta el país en este sentido, como la Ley 581 de 2000, que garantiza a las mujeres el acceso, por lo menos en 30 por ciento, a los cargos públicos.
Igualmente está la Reforma Política de 2009 (reglamentada por la Ley 1475 de 2011), que garantiza una participación de las mujeres, como mínimo de 30 por ciento, en las listas que presenten los partidos o movimientos políticos a los cargos de elección popular.
Sin embargo, para el caso del proyecto de ley de cuotas para afrodescendientes, el senador Baena considera que es necesaria no solo por la baja participación que tienen en los cargos decisorios del Estado sino por el alto porcentaje que representan dentro de la población colombiana.
Añadió que una ley de este tipo se justifica “mientras damos el cambio cultural, porque de aquí a que demos este cambio va a pasar buen tiempo. Entonces las acciones afirmativas o las leyes de cuotas lo que buscan es promover un cambio cultural y ya con el tiempo no hay necesidad de exigir u obligar a que se aplique”.
Consultas
Tanto el proyecto de cuotas para afrodescendientes como el que entrega dos curules a esta población en el Senado, deben pasar por la consulta previa con estas comunidades. En el caso de este último proyecto, el senador Andrade prefirió retirarlo precisamente para dar tiempo a que se desarrolle la consulta previa.
No obstante, esta iniciativa de reforma constitucional será radicada el próximo 20 de julio, según le dijo el congresista a EL NUEVO SIGLO.
NUEVO PLAN DE RECOLECCIÓN DE BASURAS ES APROBADO
La intención fundamental es promover el reciclaje al interior de todos los hogares y las empresas de Bogotá.
El plan de recolección de basuras en la capital del país que fue presentado por la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp) fue aprobado por la Corte Constitucional.
Con esto, se emitirán nuevos pliegos de condiciones para efectuar la elección del nuevo contratista para comenzar el proceso de licitación por más de dos billones de pesos.
Los vicios que existían sobre el contrato se corrigieron en los últimos meses, principalmente aquellos que tenían que ver con la participación de los pequeños y medianos recicladores, dijo el alto tribunal.
DERECHO A LA SALUD, EN CUIDADOS INTENSIVOS UNA LEGISLATURA MÁS
El proyecto que eleva la salud a derecho fundamental para todos los ciudadanos no logró los votos necesarios para continuar su trámite en la Cámara de Representantes, a pesar de que inicialmente tuvo acogida por parte de los congresistas.
Para el representante liberal Pablo Enrique Salamanca, autor del proyecto radicado el año pasado en la Comisión Primera de la Cámara, la idea de hacerle un 'revolcón' al sistema de salud del país sigue vigente y la propuesta volverá a ser presentada en la próxima legislatura.
Salamanca le contó a este Diario los motivos que lo llevaron a citar a un debate de control político al ministro de Minas y Energía Mauricio Cárdenas Santamaría esta semana.
EL NUEVO SIGLO: ¿Qué ha pasado con el proyecto de salud como derecho fundamental?
PABLO ENRIQUE SALAMANCA:El primer día todo el mundo aprobó el proyecto, a excepción de un Representante. Entonces, como se contaba con buena participación, aplazamos la votación para el siguiente martes y parece que alguien, que no estaba interesado, llamó y los que habían prometido aprobar el proyecto no fueron; entonces nos quedamos sin los votos necesarios.
ENS: ¿Y qué va a pasar con la propuesta?
PES:Esperamos radicarla el próximo período, porque es un proyecto muy importante, no solamente porque la da la categoría de derecho fundamental a la salud, sino porque desbarata el modelo empresarial y de negocio que se ha tejido en torno al derecho a la salud y con los recursos, ya que han transformado y han vuelto esta salud toda una telaraña de inseguridades, una serie de costos en los medicamentos, especulaciones, recobros.
Los modelos empresariales buscan enriquecerse y solo están pendientes de la rentabilidad del negocio y no del elemento de solidaridad que es necesario en el sector salud.
ENS: ¿Harán cambios sustanciales en el sistema de salud?
PES:No se trata de hacer una reforma, sino de que el modelo sea completamente sustituido; es que entregarle la salud a un empresario particular es como entregar la vida.
Ya que muchas personas buscan ahorrar gastos en vez de invertir en la vida, insisto en que el único responsable de la vida tiene que ser el Estado, porque al fin y al cabo no va a hacer negocios, ni va a hacer recobros, porque el Estado es de todos, ese es uno de los elementos del proyecto.
ENS: ¿Por qué citó a debate al Ministro de Minas y Energía?
PES:El Ministro desconocía el tema de una hidroeléctrica que se construyó desde hace 34 años en Mitú, Vaupés, y que, a pesar de existir, no trabaja como es porque en esa población no se tiene el servicio de luz sino durante unas horas del día. Entonces, como desconocía la problemática, no supo afrontarla ni darle respuesta.
Son tan contundentes las evidencias sobre la defraudación en este caso con los recursos que se le ha dado al Departamento para la construcción de la hidroeléctrica, que desde hace más de tres décadas no se termina y eso está generando unos altos sobrecostos y una improvisación enorme.
En Bahía Solano hicieron un proyecto energético similar y con la misma capacidad de producción. Esa costó 20.000 millones y esta ya va en 148.000 millones con todos los retrasos.
ENS: ¿Qué irregularidades más ha presentado el proyecto?
PES:La nueva concesión dice que hay que volver a hacer los diseños del proyecto, es decir que el dinero que se había invertido en los anteriores se perdió porque supuestamente ya no sirven. Y eso indica que contrataron gente para ir adelantando obras que no tienen claras, eso ya es una responsabilidad de tipo penal, fiscal y disciplinaria.
Hay que esperar para ver de qué manera el Gobierno puede ayudar a mejorar la situación de esta población, aunque es lamentable que el Ministro no esté al tanto de temas tan importantes de su cartera.
Microcentral Hidroeléctrica
La MCH, como es conocida la Microcentral Hidroeléctrica del Mitú, es un proyecto del Gobierno Nacional que busca generar electricidad a través del río Vaupés y dar servicio de energía eléctrica a la ciudad de Mitú y sus alrededores. La planta aprovecha el caudal del río, donde se registran caídas hidráulicas del orden de los 3,5 metros en épocas de verano y 1,5 metros durante el invierno.
REVISTA SEMANA
REFORMA A LA JUSTICIA, MAL FOCALIZADA.
Si en algo se encuentra bien representado este gobierno es en la persona que está al frente del Ministerio de Justicia, jurista consumado, Abogado ponderado y serio, de vasta trayectoria en los intríngulis del Derecho, es por ello, que nos extraña sobremanera que aún persistan en el proyecto de la reforma a la justicia algunos artículos que, sin duda alguna, son nocivos para una democracia frágil como la nuestra, por su proclividad hacia los intereses particulares, habida cuenta de ciertos rasgos de idiosincrasia que no se han podido superar.
De tiempo atrás, he sostenido que la impunidad mantiene florido el árbol de la corrupción. Cada vez que se habla indistintamente de las dos palabras, aprovechan algunos para venirse lanza en ristre contra algunos magistrados de las Altas Cortes, acompasados con una crónica desentonada de los medios de comunicación, y, por ende, esto hace desviar toda la atención a esta parte minúscula del problema, dejando intactos los boquetes o troneras que sirven de mampara o burladero para el ejercicio pleno de la corrupción, la cual queda acorazada o protegida por una impunidad garantizada.
Es cierto que en la rama judicial se han presentado algunos casos de corrupción, en mínima proporción si se compara con los grandes escándalos por parte de los Congresistas en su empresa criminal con los paramilitares y los que se cohonestaron en la Presidencia de Álvaro Uribe. También, la Fiscalía General de la Nación no ha sido ajena a prácticas corruptas, siendo muy vulnerable en este organismo, ya que aquí se empieza la investigación, la instrucción y la acusación en materia criminal.
Además, los escándalos en la rama judicial, como caso curioso, se han presentado con mayor énfasis en una de las Salas del Consejo Superior de la Judicatura, la Disciplinaria, cuya conformación es de origen político y su elección corresponde al Congreso de la República. El Gobierno en su proyecto de reforma propone eliminar la Administrativa y deja intacta la Disciplinaria, que es la que ha tenido los serios problemas de corrupción. Un ex Presidente de la Corte Constitucional, hace algún tiempo, manifestó: “Hay un organismo terriblemente descompuesto, que es la sala disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, en donde se están tomando decisiones preocupantes".
Si alguna actividad requiere instancias y controles de gestión rigurosos es la administración de justicia por su complejidad en su aplicación y tan expuesta a la tentación de los corruptos; sin la menor duda, si el Consejo Superior de la Judicatura cumpliera siquiera una mínima parte de su única y principal función constitucional, y que es la que justifica la razón de su existencia, cual es la de “examinar la conducta y sancionar las faltas de los funcionarios de la rama judicial y llevar el control de rendimiento de las corporaciones y despachos judiciales”, y se reformara su sistema de conformación y elección, se estaría dando un paso muy firme en la lucha contra la corrupción y su aliada la impunidad.
“Un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla”, este adagio tiene mucho de cierto. Este país ha trasegado por unas etapas aciagas, de cruenta violencia y conoce perfectamente su historia. Sabe perfectamente el triste desenlace de la alianza macabra de un número considerable de legisladores con unos delincuentes sanguinarios como los paramilitares, por eso, no se puede ceder en ninguna prerrogativa y, mucho menos, en lo concerniente a conflicto de intereses, sistema de investigación y juzgamiento en lo penal y disciplinario, la injerencia aberrante en la elección de los magistrados de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, y otras arandelas
La corrupción es, sin lugar a dudas, una amenaza latente para cualquier sociedad, desestabiliza sus instituciones y tiene una gran afectación en los valores de la democracia, la ética y la moral, socava la justicia como tal y atenta contra el imperio de la ley. El Estado que permita el apoltronamiento de la corrupción y sea permisivo en su expansión y no tenga como prioridad una lucha coercitiva frontal para su erradicación, está condenado a vivir a futuro los días más aciagos de su historia, lo que lo conduce indefectiblemente al despeñadero y al caos total de la sociedad y termina imponiéndose la ley del más fuerte.
Debe tenerse muy presente que la corrupción no campea solo en las Inspecciones de Policía y Juzgados Promiscuos Municipales, sino con más frecuencia, pero de manera más sofisticada, en los despachos de los Altos Dignatarios, lo que obliga a ciertas reformas que garanticen la comparecencia de éstos ante sus jueces naturales para su investigación y juzgamiento de manera expedita, pronta y eficaz.
La impunidad y la corrupción no se contrarrestan con el aumento de penas, pero sí con la proscripción de los subrogados penales y la efectividad en el castigo, incluyendo, por supuesto, a los funcionarios aforados.
Una buena reforma se logra con voluntad política, pensando en el interés general y desprendiéndose de cualquier egoísmo o apetito de poder.
CMI
CORTE CONSTITUCIONAL ANALIZA TUTELA DE ADOPCIÓN PARA PAREJAS HOMOSEXUALES
La Corte Constitucional define la tutela que presentó una pareja de mujeres homosexuales en contra del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), solicitando la adopción de la hija de una de ellas.
El Alto Tribunal definirá si las parejas del mismo sexo también tienen derecho a adoptar, apoyados en la jurisprudencia del mismo Tribunal que reconoce a estas uniones como familia.
Las opiniones de los magistrados se encuentran divididas entre los que se oponen rotundamente al reconocimiento y los que consideran que las parejas homosexuales también tienen derecho a adoptar.
Hasta el momento los magistrados Nilson Pinilla, Jorge Pretelt y Gabriel Mendoza estarían en contra; mientras que los magistrados Maria Victoria Calle, Juan Carlos Henao, Luis Ernesto Vargas y Jorge Iván Palacio, estarían a favor. Por lo tanto, la decisión sería adoptada por los magistrados Mauricio González y Humberto Sierra.
SUSPENDIDO JUEZ DE PLANETA RICA, CÓRDOBA, POR SUPUESTO DESFALCO AL FONDO DEL MAGISTERIO
La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura ordenó la suspensión provisional por tres meses del Juez Promiscuo del Circuito de Planeta Rica, Córdoba, Ángel Darío Aycardi Galeano, por presuntos cobros irregulares a cargo del Magisterio.
El presunto desfalco a la Nación se venía realizando a través de procesos ejecutivos presentados en el Juzgado Promiscuo de Planeta Rica, por un valor superior a los 98 mil millones de pesos, más mil 500 millones por agencias en derecho.
La Judicatura inició la investigación el pasado 04 de marzo, fecha en la cual decidió hacer uso del poder preferente para indagar sobre las supuestas anomalías que se venían registrando contra los dineros del Fondo del Magisterio - Fiduciaria la Previsora, que se estarían afectando mediante los procesos ejecutivos.
En sala dual, integrada por los magistrados Julia Emma Garzón de Gómez y Angelino Lizcano Rivera, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria determinó apartar del cargo al Juez disciplinado al hallar mérito para continuar con las investigaciones, con el fin de establecer si en ese despacho se presenta un grave caso de corrupción con la connivencia de algunos trabajadores o extrabajadores de entidades estatales, abogados y jueces que mediante fraudulentos procesos embargan dineros públicos.
CARACOL RADIO
SE REANUDA HOY LA DISCUSIÓN DE LA ADOPCIÓN PARA PAREJAS DEL
La Corte Constitucional en medio de una sala reducida y la salida inminente del ponente Juan Carlos Henao se reúne hoy para estudiar si se concede una tutela que persigue la adopción de un menor de edad por petición de una pareja conformada por dos mujeres que viven en Medellín.
La reducción se da por la incapacidad, por motivos de salud, del magistrado, Humberto Sierra, por lo que fallarían ocho magistrados y no nueve.
Así las cosas lo que se conoce es que hay tres magistrados en abierta oposición a la adopción, otros tres convencidos de conceder el beneficios y dos indecisos.
Lo cierto es que la discusión al interior de la Corte está orientada a establecer si en este caso sólo se le ordena al Bienestar Familiar darle el tramite a la solicitud de las dos mujeres que pretenden adoptar o si hay un pronunciamiento de fondo sobre el tema concediendo el beneficio.
Dentro de los argumentos expuestos está el que debe ser el Congreso de la República el que asuma el análisis del tema.
CORTE CONSTITUCIONAL SEÑALA QUE LAS ADICIONES A LAS CONCESIONES VIALES NO SON ILIMITADAS
La Sala Plena de la Corte Constitucional determinó que las adiciones a las concesiones viales sólo podrán ser avaladas siempre y cuando tengan relación directa con la obra.
Así lo expresó el alto tribunal luego de estudiar la ley 1150 de 2007 que trata sobre la prorroga o adición de las concesiones.
Los demandantes consideraban que esta norma vulnera el interés general de la comunidad, el principio de igualdad y el derecho a la libre competencia económica.
La Procuraduría en este caso pidió la inexequibilidad de la norma.
CARACOL RADIO
CORTE AVALA ROMPIMIENTO DEL SECRETO PROFESIONAL DE LOS ABOGADOS PARA EVITAR LA COMISIÓN DE UN DELITO
La sala plena de la Corte Constitucional avalo la ley sobre las faltas disciplinarias del abogado y dijo que es viable que los abogados queden exonerados de la revelación del secreto profesional del cliente para evitar la comisión de un delito.
Así lo manifestó el alto tribunal al estudiar la ley 1123, que habla sobre las sanciones y causales de las faltas disciplinarias cometidas por los abogados.
La Corte considera que no se puede sancionar a un abogado que como todo ciudadano tiene la obligación de poner en conocimiento de las autoridades delitos cometidos o que se van a cometer.
Ante esta situación queda en firma parte de la ley en la que se señala que “no habrá lugar a sanción disciplinaria cuando se obre para salvar un derecho propio o ajeno la cual deba ceder en cumplimiento del deber , en razón de la necesidad y adecuación proporcionalidad y razonabilidad.”
En este caso fue acogido el concepto del Procurador en la que señala que “la excepción, no implica que el abogado juzgue la conducta de su cliente, ni que la sancione. Esta no es su tarea. Lo que implica es que el abogado debe revelar los secretos que le haya confiado su cliente, cuando sea necesario para evitar la comisión de un delito. A las autoridades competentes les corresponde investigar lo que se revele, valorarlo y tomar las medidas del caso. Se trata en realidad de un deber del abogado, cuyo cumplimiento no puede ser calificado a priori, como lo hace el actor, de arbitrario o caprichoso.
CORTE CONSTITUCIONAL APLAZA EL ESTUDIO DE LA REDISTRIBUCIÓN DE LAS REGALÍAS EN COLOMBIA
La Corte Constitucional fijó para la próxima semana una nueva sala plena para estudiar con mayor detenimiento el tema de la distribución de las regalías.
La Corte estudia la demanda en la que se señalan vicios de procedimiento, la falta de consulta a las comunidades étnicas y la sustitución de la Constitución, por vulnerar a los entes territoriales.
En esta ley se señala que para cumplir con la distribución de los recursos de la regalías y fines del Sistema General se crean los Fondos de Ciencia, Tecnología e Innovación; de Desarrollo Regional; de Compensación Regional, y de Ahorro y Estabilización.
En este caso la Procuraduría pidió a la Corte Constitucional la aprobación de esta ley de regalías, la cual se constituye el Sistema General de Regalías.
Citando jurisprudencia de la Corte Constitucional, el Ministerio Público señala que no en todos los casos debe hacerse la consulta previa sobre una iniciativa legislativa que sea susceptible de afectar las comunidades étnicas.